El Ministerio de Economía de Brasil envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL 3203/2021, que suprime los mecanismos de incentivo, incluidos algunos destinados a financiar la industria audiovisual.
El PL forma parte del Plan de Reducción de Incentivos y Beneficios Federales de Naturaleza Tributaria que también propone la no extensión de los beneficios fiscales que tienen un plazo determinado. Así, no se extenderían 21 beneficios destinados a diferentes áreas de la economía, que vencen entre 2022 y 2025.
De aprobarse la iniciativa, el proyecto de ley revocaría el beneficio de una reducción del 70% en la Retención del Impuesto a la Renta (IRFF) sobre remesas en la adquisición de obras audiovisuales extranjeras. El beneficio, presente en los artículos 3 y 3-A de la Ley del Audiovisual (8.685/1993), está condicionado a la inversión de valor en el desarrollo de proyectos de producción y en la coproducción de obras audiovisuales de producción independiente.
De los beneficios que Economía pretende no renovar y tener vigencia hasta el 2025, destacan: el artículo 1 de la Ley del Audiovisual que otorgan la deducción del impuesto sobre la renta del monto aplicado en la producción de obras cinematográficas; el artículo 39 de la MP 2228/2001 que exime a los programadores extranjeros del pago de Condecine (Contribución al desarrollo de la industria cinematográfica nacional), condicionado a la inversión del monto en coproducción con productores brasileños independientes; los artículos 44 y 45 de la MP 2.228/2001 que permiten la reducción del impuesto a la renta sobre los montos aplicados en Funcines (Financiamiento de la industria cinematográfica nacional); así como los mecanismos de Recine (Régimen Fiscal Especial para el Desarrollo de la Actividad Expositiva Cinematográfica), presentes en las Leyes 12.599/12, 13.594/2018 y 14.044/2020.
Ancine y el CSC no fueron escuchados
Tanto la agencia Ancine, que regula el cine y el audiovisual brasileño, como el Consejo Superior de Cine (CSC), colegiado encargado de determinar las políticas públicas del sector, sostienen no haber sido consultados por el Ministerio de Economía en la elaboración del Proyecto de Ley PL 3203/2021 que envió a Diputados. Ambas entidades se vieron sorprendidas porque los modelos de regulación y apoyo al sector están en agenda en el Congreso y en el Grupo de Trabajo del SeAC, creado por el Ministerio de Comunicaciones para revisar el marco legal de la TV paga y del streaming en la regulación y tributación del audiovisual. Además, hace poco más de dos semanas, el 2 de septiembre tuvo lugar en Brasilia la primera reunión ordinaria de la composición actual del Consejo Superior del Cine (CSC). En la reunión, el PL no fue mencionado por el Ministerio de Economía, que tiene un asiento en el órgano colegiado. Al parecer, tampoco se tuvo en cuenta la presentación de una panorámica del sector audiovisual realizada por Ancine, que muestra no solo la relevancia económica del sector, sino también la fragilidad impuesta por la pandemia Covid-19.