Brasil: proyecto para reglamentar el streaming genera controversias

El lunes (27) se presentó un nuevo dictamen sobre el Proyecto de Ley 8.889/2017, que regula los servicios de streaming en Brasil, proponiendo cambios significativos en la normativa del sector. El texto, redactado por el diputado Dr. Luizinho modifica puntos clave que se han debatido durante años, como la tasa de la Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine), las cuotas para contenido brasileño en los catálogos y los mecanismos de fomento a la producción audiovisual.

Entre los principales cambios están la reducción de la tasa máxima de Condecine del 6% al 4%, la ampliación de la posibilidad de deducción fiscal del 50% al 70% y la flexibilización de las cuotas de contenido nacional, con la introducción de un tope de 700 obras.

Los radiodifusores sostienen que el texto fue muy positivo para las empresas tecnológicas, especialmente para las plataformas de intercambio de contenido como YouTube y TikTok. La propuesta del Dr. Luizinho es que estas empresas paguen el 2% de Condecine, mientras que las plataformas de streaming pagarían el 4%. "La plataforma de streaming más grande del país, YouTube, fue la mayor beneficiaria", afirmó una fuente.

Para las empresas de streaming, el descontento con el texto también se deriva de esto. Fijar la tasa de Condecine en el 2% para las empresas de tecnología de intercambio de contenido y en el 4% para las de streaming crearía una asimetría regulatoria.

Otro aspecto que generó descontento con la propuesta del diputado es la cuota del 10% para títulos de contenido nacional, incluso con un límite de 700 obras. "Esta cantidad de títulos es variable y puede perturbar la gestión de la plataforma", afirmó una fuente que representa a una empresa de streaming, refiriéndose al esfuerzo constante por modificar la cantidad de obras brasileñas.

Todo parecería indicar que ni siquiera el gobierno quedó satisfecho con la nueva propuesta del congresista. En un comunicado, divulgado ayer, el Ministerio de Cultura reconoció el esfuerzo del diputado Luizinho al intentar presentar una propuesta consensuada entre todos los actores interesados, pero también afirmó que el informe requerirá de ciertos ajustes.

Nuevas obligaciones

El proyecto de ley establece una serie de nuevas obligaciones para las plataformas de streaming y los fabricantes de dispositivos electrónicos, con el objetivo de formalizar sus operaciones en el país y garantizar el cumplimiento de las normas de competencia e interés público. La primera es el requisito de acreditación. Todos los proveedores de servicios de streaming que operan en Brasil deberán obtener la acreditación del "organismo responsable" —término que, en el contexto de la legislación, se refiere a Ancine— mediante un procedimiento simplificado. El incumplimiento puede considerarse una actividad ilegal, lo que conlleva sanciones que van desde advertencias y multas hasta la suspensión y cancelación del servicio. Para las empresas extranjeras, el proyecto de ley exige un representante legal en el país con la facultad de responder judicial y administrativamente en su nombre.

Las plataformas también estarán sujetas a las normas generales de protección del orden económico y deberán proporcionar información detallada para fines de supervisión. El proyecto de ley prohíbe prácticas como los subsidios cruzados y la manipulación de los resultados contables para ocultar ganancias o pérdidas. El organismo regulador podrá solicitar datos sobre el suministro y consumo de contenidos, así como sobre los ingresos por servicios, incluyendo los ingresos publicitarios y los ingresos de filiales extranjeras, siempre con la obligación de mantener la confidencialidad comercial y fiscal.

Una de las obligaciones de mayor impacto es la carga de canales públicos. La enmienda estipula que todos los servicios de streaming deben poner a disposición de los usuarios el contenido de la "plataforma unificada de comunicaciones y servicios públicos" de forma continua y sin costo adicional. Esta obligación, ya existente para la TV paga, busca garantizar el acceso universal a canales como TV Câmara, TV Senado y TV Brasil en el entorno digital. La futura normativa definirá reglas de proporcionalidad para garantizar que la medida no se convierta en una carga excesiva para los pequeños proveedores.

La normativa se extiende, por primera vez, a los fabricantes de dispositivos electrónicos que permiten el acceso a servicios de streaming, como televisores inteligentes, teléfonos móviles y tabletas. El artículo 16 de la enmienda exige a estos fabricantes ofrecer un trato igualitario en la oferta y recomendación de servicios y contenidos, evitando conductas perjudiciales para la competencia. Además, deben garantizar, en la interfaz inicial de sus dispositivos, un acceso directo y sin restricciones a la plataforma de comunicación pública y, en el caso de los televisores, a los canales de televisión en abierto. Esta medida representa una intervención directa en la interfaz del hardware, buscando evitar que los fabricantes actúen como "guardianes", favoreciendo sus propios servicios o los de sus socios comerciales sobre el acceso a contenidos de interés público y televisión en abierto.

Para garantizar una transición segura, la entrada en vigor de la nueva ley se ha dividido en tres fases. La primera, inmediatamente después de su publicación, refiere a las disposiciones administrativas; la segunda, a 60 días después de su publicación, marcará el inicio de las obligaciones relacionadas con el nuevo Condecine, lo que permite que la recopilación y el desarrollo comiencen lo antes posible; mientras que la última fase, destinada para obligaciones como las cuotas y la prominencia, que requieren una mayor adaptación técnica de las plataformas, entrarán en vigor después de 180 días.

El proyecto de ley, que ya contaba con una solicitud de urgencia aprobada en agosto de 2023, está listo para su consideración en el pleno de la Cámara de Diputados.