El 28 de noviembre, el Senado de la República Mexicana aprobó un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la carta magna mexicana en materia de simplificación orgánica, determinando la extinción de siete órganos autónomos entre los que destaca el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un día más tarde, las autoridades del IFT emitieron un comunicado con su posicionamiento sobre la reforma aprobada por el Congreso para eliminar al órgano regulador.
"El Decreto aprobado establece un modelo institucional distinto al vigente, para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con un órgano regulador en materia de competencia económica sin autonomía constitucional, y un diseño en el que las facultades con las que actualmente cuenta el IFT estarían divididas entre distintas instancias gubernamentales", introduce el documento.
"Este órgano regulador ha sido enfático, y así lo hemos hecho público a través de diversos posicionamientos desde que se presentó la iniciativa de reforma en febrero de este año, en que la evidencia demuestra que el mejor diseño institucional para la regulación de estos importantes sectores en nuestro país, ha sido la autonomía constitucional que es fruto de conquistas sociales históricas, pues ha sido este modelo el que arroja hoy resultados tangibles, que dan cuenta de una significativa evolución en la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión, con beneficios directos para las y los mexicanos, para quienes trabajamos y quienes han estado en todo momento en el centro de nuestras decisiones. Conjugar las facultades de regulación sectorial y de competencia económica en un regulador convergente con una visión integral y coherente del funcionamiento de los mercados ha permitido implementar una regulación efectiva y una transformación profunda de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Hoy más mexicanas y mexicanos cuentan con mejores servicios y a menor precio, en un ambiente de competencia que no se hubiera logrado sin un regulador autónomo. Baste decir que hasta antes de la creación del IFT no había sido posible establecer regulación asimétrica a agentes dominantes en el sector", enfatiza el texto.
En su misiva, las autoridades del IFT consideran indispensable llamar la atención sobre algunos aspectos de esta reforma que podrían generar incertidumbre y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En este sentido, el organismo sostiene la necesidad de contar con "imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y toma de decisiones colegiadas como elementos indispensables para la implementación de la regulación y la aplicación de la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión", razón por a cual se requiere un órgano regulador sectorial que garantice decisiones técnicas e imparciales. En este sentido, también enfatiza que "resulta indispensable considerar la compleja relación entre regulación sectorial y competencia económica, segmentar las facultades regulatorias puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión".
El regulador considera primordial "mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano", en tanto pilar fundamental de todo órgano regulador para el que se requieren conocimientos altamente especializados en disciplinas tecnológicas, económicas y jurídicas. En este sentido, destaca: "Los resultados de la labor institucional no habrían sido posibles sin el compromiso y la alta especialización del talento humano que construyó día con día una institución eficiente y eficaz. Esta capacidad técnica y profesional del personal del IFT debe ser reconocida y valorada, por lo que hacemos un llamado a que se respeten sus derechos laborales como lo establece el régimen transitorio del Decreto".
"Este Instituto manifiesta su plena disposición a aportar los elementos que sean requeridos para que a través de las leyes secundarias puedan generarse condiciones que sean en beneficio del desarrollo del sector, de los usuarios y audiencias del país, y que se puedan lograr ahorros para los consumidores de servicios de telecomunicaciones por encima de los 805 mil millones de pesos, y una disminución en los precios de servicios de comunicaciones superior al 33% que se han conseguido a lo largo de los once años de existencia del IFT", concluye el texto.