La Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), entidad que nuclea a las mayores operadoras y programadoras de la TV paga brasileña, y STRIMA, asociación que representa a los principales servicios de streaming que operan en Brasil, asumieron públicamente posiciones críticas ante el proyecto de ley que se propone regular los servicios de streaming en el país.
ABTA: "EL NUEVO PROYECTO PENALIZA A LA PRODUCCIÓN NACIONAL"
ABTA emitió un comunicado donde expresa que el nuevo texto "penaliza la producción nacional, reduce la diversidad de contenidos y compromete el equilibrio competitivo del ecosistema audiovisual del país". La entidad subrayó que apoya "una regulación moderna que organice el mercado audiovisual, pero sin incluir nuevas obligaciones, las cuales considera injustificadas para el sector de la televisión de pago y el streaming". Asimismo, destacó que el informe del relator -diputado Doutor Luizinho- "crea asimetrías regulatorias y ventajas competitivas artificiales que favorecen claramente solo a las grandes plataformas globlales de tecnolología (big techs)".
En su comunicado, ABTA destaca los siguientes puntos como los más preocupantes:
-Doble imposición: el nuevo informe excluye la disposición que eximía del impuesto Condecine Streaming a los operadores de SeAC que también ofrecen sus canales a través de plataformas de streaming. Por lo tanto, además de Condecine-Teles y Condecine Remessa, los operadores de SeAC estarán obligados a pagar el impuesto Condecine Streaming simplemente por ofrecer contenido también a través de OTT.
-Asimetría competitiva: el dictamen propone un impuesto Condecine del 4% para las plataformas de streaming, pero reduce el tipo máximo para los servicios de intercambio de contenido al 2%. Esto crea un desequilibrio en la competencia entre los métodos de distribución de vídeo, perjudicando al streaming y favoreciendo a las grandes empresas tecnológicas.
-Obligaciones injustificadas: el nuevo texto obliga a las plataformas de streaming a incluir todos los canales de televisión de pago obligatorios (Ley SeAC), incluidos los canales públicos estatales y municipales. Esta medida es técnica y comercialmente inviable, ya que implicaría incorporar miles de canales a la programación, lo cual no tiene sentido ni desde la perspectiva de la distribución ni desde la de la experiencia del consumidor.
Además, ABTA argumenta que la legislación propuesta que regula el streaming no debería aplicarse a los canales de televisión de pago (SeAC) que también se distribuyen mediante streaming, como preveía inicialmente el ponente, dado que la televisión de pago ya tributa a través de la Condecine Remessa, la Condecine Título e indirectamente a través de la Condecine Telco.
En este sentido, la entidad propone la inclusión de un apartado en el proyecto de ley que contemple esta excepción, garantizando que las empresas que transmiten canales lineales por internet, simultáneamente con su transmisión mediante el servicio de acceso condicional previsto en la Ley n.º 12.485/2011, queden excluidas de la aplicación de la Condecine Streaming.
STRIMA: "LA NUEVA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL VoD IGNORA LAS APORTACIONES DEL SECTOR"
Por otra parte, también STRIMA fijó su postura ante el proyecto de ley señalando "ignora completamente las propuestas presentadas por el sector" que reúne a las grandes plataformas de streaming que operan en Brasil. Según la organización, se hace caso omiso de años de diálogo institucional, estudios oficiales y la experiencia acumulada de quienes conocen y promueven el desarrollo y la difusión de los medios audiovisuales en el país, sin tomar en consideración el amplio y transparente proceso de debate público y técnico que ya se ha llevado a cabo en el Senado Federal.
Entre los numerosos puntos que merecen atención y reconsideración, STRIMA resalta el aumento del impuesto al streaming para servicios VoD y televisión por internet, del 3% al 4%, calificándolo de "asunto preocupante".
Otro aspecto resaltado por la entidad es la disposición del 2% para el impuesto al streaming aplicado a las plataformas de intercambio de videos. Según la organización, esta diferencia es injustificable, ya que crea una asimetría y rompe con el trato igualitario para todos los segmentos sujetos al nuevo impuesto al streaming aprobado por el Senado.