La nueva Ley de Telecomunicaciones en México, aprobada hace unos días por el congreso, implica la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que hasta ahora regula el espectro radioeléctrico, las redes públicas y otros servicios en el sector. El IFT continuará en funciones hasta que se integre el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). En su lugar quedará la recién establecida Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo titular será José Antonio Merino. El nuevo órgano desconcentrado estará conformado por cinco comisionados y una secretaria técnica, cuyos elementos serán nombrados por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y ratificados por voto del Senado de la República, o por la Comisión Permanente.
“El Pleno de la Comisión se entenderá integrado una vez que se encuentren nombrados y ratificados los cinco comisionados así como cuando la persona titular del Ejecutivo Federal haya designado a quien fungirá como comisionado Presidente”, detalla el dictamen.
Sin embargo, hasta ahora hay mucha incertidumbre por las funciones del nuevo organismo y, sobre todo, qué sucederá con el gran número de funcionarios que hasta ahora laboran en el IFT. El dictamen plantea que el IFT dispondrá de los recursos financieros, como los de su presupuesto, así como los del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento para saldar liquidaciones o finiquitos de la plantilla laboral. No obstante, los trabajadores denunciaron una redacción ambigua en la ley que podría excluirlos de una indemnización justa, y llamaron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a garantizar sus derechos laborales.
Y es que durante la discusión de la nueva política del sector, realizado el sábado, el Senado presentó una reserva en donde estipula que se pagaran las indemnizaciones de acuerdo con su estatus laboral, es decir, si son de base o de servicios profesionales. Los trabajadores aseguraron que el 65.5% de la actual plantilla corresponde a la figura de servicios profesionales, quienes cuentan con un perfil altamente técnico.
“Solicitamos se reconsideren los términos en los que se encuentra planteada la reserva, a fin de honrar el trato igualitario en el que se encuentra su base de movimiento de personas trabajadoras para acceder a los derechos laborales”, aseguró un grupo denominado “Trabajadores del IFT” en un comunicado de prensa.
Los empleados solicitaron emitir un criterio jurídico que aclare el alcance del artículo noveno transitorio de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la extinción del organismo autónomo. La principal preocupación radica en que dicho artículo indica que solo serán indemnizados aquellos trabajadores con “estabilidad laboral”, sin definir con claridad a qué tipo de personal aplica este concepto. Esta ambigüedad, sostienen los trabajadores, podría utilizarse para excluir del pago de liquidaciones al personal de libre designación, a pesar de que estos también cuentan con nombramientos definitivos y forman parte del Sistema del Servicio Profesional del Instituto.
“Excluirnos sería una interpretación injusta y discriminatoria”, señala la Comisión de Trabajadores del IFT.
El dictamen destaca que una vez que el IFT haya saldado el pago de los trabajadores, el dinero que sobre deberá regresarlo a la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo, no existe claridad si con el dinero del fideicomiso el regulador podrá saldar por completo los compromisos de su plantilla laboral. El IFT solicitó un presupuesto de 1 mil 680 millones de pesos para ejercer este año, que en términos reales implicaba 80.6 millones por debajo del gasto ejercido en 2024.
De acuerdo con la Constitución Política y tratados internacionales suscritos por México, todo trabajador tiene derecho a un trabajo digno. También a estabilidad laboral y una indemnización justa en caso de despido o supresión de plazas. Citaron también el precedente del INAI, donde, tras su extinción, se garantizó la liquidación tanto al personal de base como al de libre designación. Esa decisión fue mediante una resolución oficial del 21 de marzo de 2025. Por último, los trabajadores del IFT pidieron a Gobernación emitir una opinión que reconozca formalmente su derecho a ser indemnizados. Además, señalaron que se garantice un proceso de liquidación justo, en respeto a los principios de legalidad, igualdad y dignidad laboral.
La extinción del IFT también implica el traspaso de sus bienes inmuebles como es la oficina central, ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El dictamen dicta que los inmuebles con que cuente el Instituto serán puestos a disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para su ocupación conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, a más tardar, el último día en funciones del IFT.
Esta situación también implicará que el Instituto entregue los registros, padrones, repositorios digitales y sistemas, internos como externos, los sistemas informáticos, incluso los que ya no se utilicen pero contengan registros históricos como es el Banco de Información donde se alberga el historial estadístico de todo la industria de telecomunicaciones, así como documentación y titularidad, para que estén a disposición de la CRT a más tardar, el último día en funciones del Instituto. Con la entrega de todo el mobiliario y activos digitales, el regulador cerraría un ciclo de más de una década de fungir como árbitro de una industria que representa el 1.6% del PIB nacional y uno de los sectores intensivos en inversión. Ahora pasará la batuta a un órgano que aún no se termina de entender su funcionamiento y la autonomía que tendrá del Ejecutivo, al estar inserto en una institución que depende de ese poder.
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