La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer (4) el Proyecto de Ley 8.889/2017, que regula los servicios de streaming en el país. El texto aborda temas como las cuotas de contenido nacional y el pago de la Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine). Tras la aprobación del texto base, la sesión se levantó y la votación sobre las enmiendas propuestas se analizará el miércoles. El proyecto de ley estipula que la regulación y supervisión de la actividad de streaming será responsabilidad de la Agência Nacional do Cinema (Ancine).
Según el texto, las normas se aplican a todos los agentes económicos que prestan servicios de streaming a usuarios residentes en Brasil y cuyos proveedores obtienen ingresos por la explotación de estos servicios dentro del territorio brasileño. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley los servicios sin fines de lucro, religiosos, periodísticos, de retransmisión de eventos deportivos, estrictamente educativos y de comunicación pública.
Según la propuesta, las empresas deberán cumplir con una cuota de producciones brasileñas, que aún debe ser determinada por Ancine y podría alcanzar hasta el 10%, dependiendo del tamaño de la compañía. A pesar de ello, el ponente estableció un límite de 700 obras brasileñas. «Los catálogos que superen esta cantidad quedan exentos del cumplimiento del porcentaje», dice el texto. Y dentro de esta cuota, se exige además que al menos la mitad sean obras de productoras brasileñas independientes.
El proyecto también regula el pago, por parte de las plataformas de streaming, de la Condecine, que se calcula sobre los ingresos brutos anuales derivados de la prestación de servicios. Según el texto, la tasa será de hasta el 4% para los servicios de video bajo demanda y las aplicaciones de televisión por internet (variable en función de los ingresos de la empresa). La tasa será de hasta el 0,8% para los servicios de intercambio de contenido audiovisual.
Es importante destacar que los recursos de la nueva Condecine se destinarán al Fundo Setorial do Audiovisuial, distribuyendo el 30% entre las productoras de las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste; el 20% entre la región Sur y los estados de Minas Gerais y Espírito Santo; y el 10% entre las productoras de los estados de São Paulo y Río de Janeiro, excluyendo sus capitales.
Las demandas del sector de la televisión paga para derogar los artículos 5 y 6 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SeAC), que prohíben a los operadores de telecomunicaciones controlar a las programadoras y viceversa -propiedad cruzada-, no se vieron satisfechas en el texto final.