La jueza argentina Cecilia De Negre, que actúa en lo contencioso administrativo federal, aceptó una demanda presentada por la empresa Telecom Argentina y declaro la nulidad del decreto que estableció como "servicio público esencial" a las telecomunicaciones. En su fallo, argumentó que ese tipo de regulaciones deben pasar por el Congreso Nacional.
Vale recordar que, el 22 de agosto de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó DNU 690/2020(Decreto de Necesidad y Urgencia), definiendo: “Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.
El gobierno argentino explicó que la modificación del régimen jurídico de la prestación del servicio "se dio en el marco de una circunstancia excepcional, como fue, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19".
Ante esa decisión la empresa Telecom presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y pidió la nulidad del decreto. Entre sus argumentos, la compañía señaló que la decisión del gobierno modificó el estado de situación que regía hasta entonces sobre las telecomunicaciones y que entre otros cambios le impedía fijar en libertad los precios de sus servicios que son los de telefonía celular, televisión por cable e internet.
Ahora, el fallo de la jueza De Negre declara la nulidad y sostiene: "Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos".
La anulación del DNU restablece de manera definitiva la posibilidad de las prestadoras del servicio de comunicaciones e internet de fijar libremente los precios por sus paquetes.