En el marco de una operación antipiratería la Policia Federal de Brasil, con apoyo de inspectores de la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desarticuló una organización criminal especializada en la importación, distribución y venta de dispositivos IPTV ilegales, que permiten las llamadas "TV box" y "gatonet".
Anatel informó que el esquema delictivo, que movió millones de dólares, operaba con logística transnacional y una compleja estructura de empresas fantasma. La Operación PRAEDO (del latín "pirata") movilizó a 38 policías federales y cuatro agentes de Anatel. Se ejecutaron 12 órdenes de allanamiento e incautación. De estas, 8 se encontraban en Curitiba, Paraná; 3 en Foz do Iguaçu, Paraná; y 1 en Brasilia, Distrito Federal. Entre las medidas cautelares judiciales de alto impacto se encontraban el congelamiento de hasta BR$ 33 millones, la incautación de vehículos y propiedades, y el bloqueo de los sitios web utilizados para la venta de los dispositivos ilegales.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de un representante del sector de las telecomunicaciones, quien alertó sobre la venta indebida de dispositivos para la recepción ilegal de televisión. La Policía Federal determinó que un sitio web responsable de las ventas estaba gestionado por una pareja de Curitiba, que utilizaba empresas fantasma para ocultar sus ganancias ilícitas. Se reveló la existencia de otra pareja y familiares involucrados, todos ellos operando en el mismo sector y facilitando la estructura de ventas a nivel nacional.
La agencia también explicó que los dispositivos utilizados en la actividad delictiva se introdujeron de contrabando en Brasil desde la frontera con Paraguay, vía Foz do Iguaçu (PR). La mercancía ingresó sin el debido pago de impuestos y, al no contar con la aprobación de Anatel, su venta es considerada ilegal, constituyendo un delito de contrabando. La distribución se centralizó en Curitiba y abasteció a consumidores en diversas regiones de Brasil.
La estructura criminal identificada por la Policía Federal dividió claramente sus funciones entre importadores, operadores logísticos, intermediarios financieros y comerciantes digitales. Se detectaron transacciones financieras millonarias, que no concordaban con los ingresos declarados de los implicados. Solo una de las parejas investigadas presentó evidencia de enriquecimiento ilícito de aproximadamente BR$ 5 millones, mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y artículos de lujo.
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