España aprobó nuevo proyecto de ley de Comunicación Audiovisual

El Consejo de Ministros español aprobó un nuevo proyecto ley de Comunicación Audiovisual en el marco de una España que se ha transformado en una potencia en toda la cadena de valor de la industria audiovisual. “Es fundamental aprovechar esta oportunidad y reforzar el papel de España como hub audiovisual en Europa y hub audiovisual en español en el conjunto de la industria internacional", señaló la VP Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital Nadia Calviño. "El nuevo proyecto de ley transpone al ordenamiento jurídico español a la normativa europea, moderniza la legislación actual y regula, por primera vez, a todos los agentes que operan en el mercado audiovisual español,” subrayó.

De esta manera, España adapta el marco normativo a la realidad actual, a la realidad de las nuevas plataformas, los medios digitales de comunicación, reforzando así la igualdad de trato de todos los operadores que compiten en estos mercados y reforzando también la protección de sus valores democráticos.

“Creo que el proyecto de ley también ilustra el fuerte compromiso de nuestro gobierno con el impulso del español y del resto de lenguas cooficiales en el ámbito audiovisual en este momento de expansión. Y creo sinceramente que, tras muchas negociaciones y habiendo integrado las posiciones de todos los actores, tras dos audiencias públicas y un conjunto de encuentros y de intercambios, de sugerencias, de propuestas, con este proyecto de ley audiovisual hemos logrado un buen equilibrio entre el impulso a la producción nacional, la emisión en lenguas cooficiales y el fuerte apoyo al sector audiovisual y a la atracción de inversiones, actividad económica y talento a nuestro país”, opinó Calviño.

LAS NOVEDADES
Este proyecto de ley incorpora, por primera vez, unos principios generales aplicables a todo el sector audiovisual como la protección de la dignidad humana y en particular de las mujeres, la obligación de transmitir una imagen respetuosa y apreciativa con las personas con discapacidad, la promoción del pluralismo lingüístico existente en España y la veracidad de la información.

Este proyecto de ley también refuerza la protección de los menores, estableciendo obligaciones de información sobre contenidos que puedan ser perjudiciales, horarios de protección reforzada para los servicios de comunicación televisivo-lineal en abierto, y las plataformas de intercambio de videos también estarán sujetas a la obligación de tener sistemas de verificación y mecanismos de calificación por edad.

En cuanto a la promoción de la obra europea y de la producción independiente, se incrementa la obligación de financiación anticipada en producción independiente del 0,9% existente en la actualidad al 3,5%. Se establecen 3 formas para cumplir con esta obligación de financiación de obra europea, contribución directa, adquisición de derechos o contribución al Fondo para la Protección de la Cinematografía, el ICAA.

Asimismo, se promueven las lenguas cooficiales, estableciéndose la obligación para el prestador de servicio público de comunicación audiovisual de ámbito nacional, Radio Televisión Española, de reservar el 15% de la cuota en lenguas oficiales del Estado a obras en lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Se incluye también la obligación para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición, de reservar el 40% de la cuota en lenguas oficiales a las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, y se recoge la obligación de utilizar las subtitulaciones y doblajes ya existentes en lenguas oficiales de las comunidades autónomas, siempre que sea técnicamente posible.

Este proyecto de ley se complementa con el proyecto de Ley de Telecomunicaciones ya enviado a Cortes hace unas semanas y con todas las inversiones previstas en el Plan de Recuperación en el ámbito audiovisual. De esta manera, la nueva ley audiovisual terminaría con la tasa RTVE que las Telcos estaban obligadas a pagar. Si bien no se conoce cuál será la redacción exacta incluida en la Ley sobre el nuevo modelo de financiación de RTVE, el Consejo sugiere que se basará en aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia: televisión lineal en abierto, televisión lineal de pago, prestadores de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio de vídeos.

Además, detalla que esta aportación deberán realizarla tanto los prestadores establecidos en España como los que estén en otro país de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España.