Cuando el 1 de enero de 2022 entre en vigencia la nueva Ley de Cine, Portugal obligará a las plataformas de streaming a invertir en producción local. Una de las novedades de la legislación es la creación de un impuesto del uno por ciento sobre los ingresos de las plataformas de streaming que operan en en el país, y el producto de la recaudación revertirá al Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).
Las plataformas de streaming tendrán la obligación de invertir en cine y producción audiovisual en Portugal de forma similar a lo que ya ocurre con otros operadores locales. Si no es posible determinar el valor de los denominados “beneficios relevantes”, estos operadores pagan una tasa anual de €1 millón y la obligación de inversión se fija en €4 millones. Según la normativa, el pago de la tasa anual lo realizan los operadores “hasta el 30 de abril del año siguiente a aquél al que se reportan los datos de ingresos relevantes”, señala la normativa.
La actual tasa de exhibición del 4% sobre la transmisión de publicidad en canales de televisión, y cuyo cargo revierte al ICA y Cinemateca, también cubrirá los servicios de plataformas de intercambio de videos, como YouTube.
Vale destacar que también habrá cambios en el caso de Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Hasta ahora, el operador público tenía la obligación de invertir el 8% de la contribución para el sector audiovisual -excluyendo la proporción destinada al servicio de radio- en producciones en lengua portuguesa. La cantidad que se destinará a partir de ahora a la producción de películas, series, documentales o animación asciende al 10%.
El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este reglamento el 13 de agosto, pero reconoció las "dificultades para adecuarse a las definiciones legales" y que "las obligaciones de inversión no lograron lograr el efecto pretendido".
Esta actualización de la ley de cine fue aprobada en 2020 en un entorno polémico y dividido al sector, sobre la forma de financiamiento para nuevos operadores y sobre la aplicación de tarifas e imposición de inversión.
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