Como licenciatario oficial de los derechos de transmisión de la Copa América 2024 para nueve países de Sudamérica, sublicenció los derechos a todas las empresas de cable del interior del país afiliadas a la CUTA.
La nueva ley ha generado controversias y rechazos de diversos sectores de la comunidad. Para algunos no contempla el streaming, el internet y las nuevas plataformas. Para otros, pone en riesgo la libertad de expresión.