Sin haber pasado por la Comisión de Industria y con modificaciones, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó una nueva Ley de Medios de forma “grave y urgente”. La había ingresado al Parlamento en abril del 2020, y desde ese entonces, estuvo en discusión en las cámaras de Senadores y Diputados hasta el martes 14 de mayo, cuando el oficialismo planteó en el Senado, que la aprobó ajustadamente con 16 sobre un total de 29 votos.
La nueva ley ha generado controversias y rechazos de diversos sectores de la comunidad. “Es una muy mala ley porque regula hacia atrás”, declaró Alejandro Sánchez, senador por el Frente Amplio, acerca de la falta de contemplación del streaming, el internet y las nuevas plataformas en la nueva Ley de Medios.
Washington Melo, Presidente de CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados), mostró cierto acuerdo, ya que entendía que “dejar fuera de la regulacion a internet es como regular fuera de tiempo”, más cuando las restricciones son para medios que están “en retirada”. No obstante, planteó también que la ley vigente es “hiperregulatoria”, con aspectos “impracticables, que demuestran desconocimiento de la realidad del sistema de medios” que la vuelven “peligrosa” y que por eso era necesario una nueva ley.
Mercedes Aramendía, Presidenta de URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) se posicionó también en este camino, asegurando que la nueva ley era necesaria, pero que también “es necesario trabajar para que la regulación se aggiorne atendiendo la transformación digital, la realidad del mercado y de los medios de comunicación de todo el país”.
Por otra parte, las redes regionales defensoras de la libertad de expresión e información tales como la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, IFEX-ALC y Voces del Sur manifestaron su preocupación y rechazo al texto aprobado por considerar que abre la posibilidad de establecer sanciones a aquellos que no difundan “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Como agravante, pusieron de manifiesto que "esta situación se produce en un contexto electoral, a menos de cinco meses de las elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, con las consecuencias negativas que esto conlleva para el debate democrático, el acceso a la información de calidad y el trabajo libre del periodismo".
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