Gobiernos y empresas de América Latina discutieron cómo reducir la brecha digital

Autoridades de América Latina y representantes de empresas de telecomunicaciones debatieron en Barcelona, en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2024, los aspectos regulatorios necesarios y las herramientas para impulsar el acceso a la conectividad, información y contenidos culturales, deportivos y de entretenimiento, en medio de una disparada del 16% en las necesidades de inversión para cumplir las metas 2030 de reducción de la brecha digital en la región, alcanzando ya los 125.462 millones de dólares.

En el marco del MWC 2024, organizado por GSMA, hubo un debate intenso en un hotel barcelonés entre el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel) y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), con el apoyo estratégico de Vrio Corp., casa matriz de Directv Latin America y Sky Brasil.  

El encuentro contó con la participación de autoridades de los Gobiernos de Argentina (ENACOM), Bolivia (ATT), Brasil (ANATEL), Chile (SUBTEL), Colombia (MINTIC), Costa Rica (viceministro de Comunicaciones), Ecuador (ministerio de Telecomunicaciones), México (IFT), Panamá (ASEP), República Dominicana (INDOTEL) y Uruguay (URSEC).

Ante los enormes desafíos en la región, Vrio Corp. presentó un estudio que propone mecanismos de estímulo financiero para reducir la brecha digital, con ejemplos de programas exitosos y escalables, e instrumentos concretos para elaborar políticas públicas en un escenario en el que dos de cada tres hogares latinoamericanos tienen limitaciones en términos de inclusión digital por brecha de cobertura, de uso, de calidad de servicio o de acceso a contenido audiovisual.  

En América Latina, el 67% de los hogares (71% de la población) tiene acceso a una conectividad significativa, pero en las zonas rurales el porcentaje se desploma al 23% de los hogares (37% de la población), según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y apenas un tercio de las escuelas tienen el ancho de banda necesario o velocidad de internet suficiente para acceder a contenidos, en tanto en los países OCDE alcanza al 66% del total.

Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, comentó al auditorio: “Un enfoque integral, sostenible y de colaboración público-privada, incorporando políticas de subsidio a la demanda posibilitaría reducir la brecha digital y brindar igualdad de oportunidades a todas las personas independientemente de su ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas”.

Al menos 77 millones de personas (23,9 millones de hogares) en América Latina y el Caribe están privadas de acceso a educación, información, periodismo, cultura y entretenimiento, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), señaló Vrio Corp. en un paper presentado por Bentancourt. En ese escenario, la televisión satelital tiene una respuesta: el uso de contenidos audiovisuales con fines de reducir la distancia entre las posibilidades educativas o digitales disponibles entre sectores urbanos y rurales o entre parcelas pudientes y pobres de una sociedad, dice el documento.  

Bentancourt explicó que la distribución satelital de contenidos se destaca como una solución viable para alcanzar aquellas zonas donde ningún otro tipo de infraestructura digital llega ni llegará en los próximos años. “Para paliar las consecuencias de la brecha digital, el edutainment o entretenimiento educativo es una poderosa herramienta para auxiliar las instancias formativas de grandes parcelas de la población actualmente al margen y estimular el sentido inclusión en una sociedad específica o de pertenencia al conjunto social de un país”, comentó.

Una investigación del BID y el Centro de Telecomunicaciones en América Latina (Cet.La) reportó recientemente que para alcanzar en 2030 el 99% de cobertura de 4G (incluida la tecnología satelital), 81% de 5G y 65% de fibra óptica, se necesitan inversiones por 125.462 millones de dólares, un 16% promedio más que lo proyectado a inicios de la década actual.

Se trata de 31,2 dólares anuales de inversión per cápita que debe afrontar el sector privado. “Para que ello sea posible, las condiciones regulatorias y financieras de la región deberían necesariamente generar un marco facilitador de la inversión”, concluyeron el Cet.la y el BID en su investigación sobre la región, donde viven 552 millones de personas.