El operador argentino Red Intercable estuvo presente en la primera edición del "Seminario Regional Antipiratería 2023", evento que reunió a los principales representantes de la industria TIC, asociaciones, programadores y miembros del Poder Judicial, para debatir sobre el aumento de la distribución ilegal de contenidos y las acciones para combatirla. El encuentro se llevó a cabo el 16 de agosto en la sede central de Telecom Argentina en Buenos Aires.
Francisco Berdaguer, abogado consultor de Red Intercable, expuso sobre las experiencias de operadores Pyme del interior, los desafíos técnicos, cómo afectan a usuarios y redes y las acciones realizadas desde la empresa. Entre los puntos mencionados, Berdaguer hizo hincapié en la necesidad de dar respuestas concretas, rápidas y ejecutables a diversos temas, entre los que mencionó: involucrar a los proveedores y las asociaciones; intimar a los revendedores; acompañar y asesorar a los operadores afectados y difundir las acciones y resultados a través de los medios locales, reforzando la necesidad de concientizar a la comunidad que se trata de servicios de carácter ilegal y que el consumidor se convierte en cómplice de un delito.
Durante el seminario se ofreció un panorama del estado actual del delito, a partir de los datos relevados en un informe realizado recientemente por Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). Esta investigación muestra que, pese al gran crecimiento del consumo de contenido audiovisual en línea en las plataformas, aún 4 de cada 10 contenidos audiovisuales que se reproducen en Argentina son de sitios pirata.
Además, los usuarios únicos que consumen contenido pirata en vivo en Argentina se triplicaron en 3 años hasta superar los 14 millones mensuales. Por su parte, el contenido consumido on demand aumentó entre 2020 y 2023 de 20 millones por mes a 26 millones.
El encuentro contó con un total de cuatro paneles. Hacia el final, las conclusiones generales del seminario destacaron conceptos como la necesidad de nuevas leyes que se adapten a la evolución tecnológica; una mayor cooperación entre actores de la región para elaborar estrategias conjuntas y una articulación entre el sector privado y el ecosistema legislativo-judicial para ahondar en la persecución de este delito, entre otros.