Cámaras empresariales y compañías de televisión paga de Colombia pidieron a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia que tenga en cuenta el impacto de los servicios OTT y el problema de la piratería en el mercado audiovisual, en el marco de la consulta pública del proyecto regulatorio «Actualización normativa en materia de contenidos”.
El proyecto busca determinar si las medidas de protección del televidente y participación ciudadana en el pluralismo informativo que se aplican actualmente en televisión abierta deben extenderse también a la televisión paga y a la comunitaria.
“Se busca actualizar las normas sobre participación ciudadana y protección al televidente que, a su vez, comprenden todo lo relacionado con la información y defensa del televidente. Adicionalmente, se reitera que se busca que el concepto de pluralismo informativo permee las normas que se actualicen”, señala el documento de la CRC, aclarando que quedan excluidas del alcance medidas vinculadas a la protección de infancia.
El punto de partida de la CRC es que “las medidas actuales de protección al televidente y participación ciudadana no reflejan la evolución del sector para promover el pluralismo y la imparcialidad informativa en defensa de los intereses de los televidentes y el control de contenidos audiovisuales”. Esto se debe, según el organismo, al cambio en el marco legal competencial del servicio de televisión (la creación de la CRC en reemplazo de ANTV), el surgimiento de nuevos modelos de negocio y nuevas dinámicas de consumo audiovisual, la falta de adopción de mecanismos de autorregulación y corregulación, la inexistencia de evidencia de que en todas las medidas regulatorias vigentes se hubiese aplicado metodologías de mejora y la falta de adopción de nuevas herramientas tecnológicas para la participación. Como consecuencia, el organismo plantea que se genera una ineficiencia en defensa de los intereses de los televidentes, insatisfacción de los televidentes y alcance limitado de la participación ciudadana.
De los comentarios recibidos en la consulta hasta el momento, mayormente de compañías privadas y cámaras empresariales, se plantean diversas observaciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AMCHAM) planteó que las causas apuntadas por la CRC “no justifican la necesidad del proyecto normativo” y que la normativa expedida por la ANTV (Resolución 026 de 2018 sobre Servicio de Televisión Cerrada y Televisión Comunitaria) debería ser considerada por la CRC “sin que eso implique cambios sustanciales”. Sobre este punto también coincidió la Cámara de la Industria Digital y Servicios (ANDI).
AMCHAM sugirió que la implementación de medidas efectivas debería contemplar mecanismos para enfrentar la piratería, así como el desarrollo de campañas informativas sobre sus efectos negativos e invertir en publicidad para que las mismas lleguen “a todos los consumidores”. Además se planteó que la CRC cuente con información actualizada sobre el impacto de las OTT en el sector audiovisual “con el fin de tener en cuenta las cargas regulatorias que esto implica y evitar las distorsiones dentro del mercado”.
Por último, una de las críticas apuntó a la metodología de trabajo propuesta, denominada 'Análisis de Impacto Normativo' (AIN), basada en una encuesta que, según AMCHAM “no tiene la rigurosidad necesaria para la toma de decisiones”. En una dirección similar, ANDI apuntó que “es preocupante el esquema de selección de alternativas propuesto por la CRC, el cual se basa en la realización de un concurso o encuesta, donde los interesados votan por los temas a priorizar en una hoja de ruta para aplicar AIN, sin que los temas presentados se sustentaran en un estudio o modelo económico que las soporten”.
"La piratería audiovisual en sus diferentes modalidades es una amenaza directa para el consumidor que no se considera en el análisis que realiza la CRC… Teniendo en consideración la grave amenaza que representa la piratería para el usuario, las campañas informativas han probado ser una herramienta comúnmente utilizada a nivel mundial en el contexto de esta lucha”, expresó la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). En este sentido, también ANDI indicó que “se sugiere implementar líneas de acción en cuanto generar a una cultura de denuncia y la identificación de operaciones informales para así mitigar los efectos indeseados que genera la piratería en el sector de televisión paga”.
En relación a la OTT, esta cámara se limitó a celebrar que la CRC no regule a este tipo de servicios. Claro Colombia, principal operador de TV paga en el país, destacó la importancia de que “la CRC cuente con información sobre el impacto que estas (OTT audiovisuales) tienen dentro del mercado audiovisual y las cargas regulatorias que esto implica, con la finalidad de evitar distorsiones dentro de dicho mercado”. En tanto que DirecTV Colombia planteó que “la Comisión omite unas de las amenazas principales y actuales en lo que refiere a protección del consumidor, y es la que se refiere al crecimiento exponencial de la piratería audiovisual en sus modalidades tradicional y offline."
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