En el marco de su junta de accionistas realizada ayer, Mediaset España no solo aprobó sus cuentas del 2019 sino que además mostró una postura muy confiante respecto de su fusión con la matriz Mediaset Italia. Su presidente, Alejandro Echevarría, se mostró expectante en que pronto quede resuelta la vía legal para que dicha fusión quede culminada.
En su discurso a los accionistas, el ejecutivo explicó que fue notificado acerca de la nueva demanda de Vivendi exigiendo a la justicia medidas cautelares para detener el proceso. Al respecto, vale señalar que la fusión fue suspendida de forma cautalear por un juez de Milán el pasado mes de octubre, decisión que se ratificó en febrero de este año.
Desde un comienzo, el grupo francés se opuso a la fusión por considerarla abusiva ya que la nueva sociedad estaría controlada en gran parte por la familia de Silvio Berlusconi, a través de su empresa Fininvest, razón por la cual anunció que iba a recurrir el fallo ante la justicia de la Unión Europea. También abrió un frente judicial en Holanda, donde se prevé que esté la sede de la nueva empresa. Sin embargo, el tribunal holandés rechazó todas las peticiones de Vivendi, considerando que el sistema de votación mayoritario es conforme a la ley del país.
Aconsejado por el tribunal de Milán, la cadena de Berlusconi modificó el articulo 42 de los estatutos de la nueva sociedad, que limitaban los derechos de los accionistas a vender libremente sus acciones de confianza, al tiempo que se comprometió a que el consejo esté formado en su mayoría por consejeros no ejecutivos independientes. Sin embargo, Vivendi sostiene que no pudo participar con todas sus acciones en los cambios aprobados por los accionistas de la matriz italiana. Es por ello que la cadena de Vicent Bolloré busca anular estos acuerdos en España.
El principal punto al que apela Vivendi para hacer valer sus argumentos es que los términos de la fusión se aprobaron tomando como referencia la situación financiera del primer semestre de 2019. La ley establece que esta referencia no debe exceder de seis meses, argumento al que recurre el conglomerado francés para defender que tanto la situación de la compañía como de su cotización ha cambiado en exceso, más aún a la vista de los últimos acontecimientos, imposibilitando la ecuación de canje.
El próximo 22 de julio, se celebrará una vista para decidir sobre esas medidas.
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