El Pleno del Congreso de Perú aprobó el dictamen que establece incentivos económicos y fiscales, para fomentar las actividades cinematográficas y audiovisuales en el territorio nacional, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de las diversas expresiones culturales del país. De acuerdo al texto de la norma, que propone una modificación a la ya existente ley de incentivos para la industria, el Estado debe fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual de manera descentralizada en el territorio nacional, procurando su desarrollo integral, sostenido e inclusivo. El dictamen obtuvo 85 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones.
Para acceder a los incentivos, la nómina de los equipos artísticos, técnicos y personal en general debe ser de nacionalidad peruana o extranjeros domiciliados en el país, y representar no menos del 50% del costo total.
Durante la sustentación, el congresista César Revilla Villanueva (del partido Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señaló que la propuesta crea un entorno propicio para el crecimiento y la consolidación de la industria cinematográfica y audiovisual peruana; al implementarse un marco legal que considere beneficios y estímulos.
Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), autora del Proyecto de Ley 06291/2023-CR, dijo que la propuesta permitirá desarrollar y perfeccionar el marco legal vigente que norma la actividad cinematográfica y audiovisual, recaído en el Decreto de Urgencia N°022-20219, contribuyendo a garantizar los derechos de los artistas, en todas sus dimensiones.
Sin embargo, tras conocerse el resultado de la votación, más de 70 asociaciones y colectivos y 700 trabajadores independientes del audiovisual peruano agrupados bajo el lema "En defensa del cine peruano" manifestaron en una rueda de prensa su “indignación y rechazo” ante la ley por dar la espalda a los intereses y recomendaciones del sector. Según este colectivo, liderado por los cineastas peruanos Melina León, Alberto Castro y Elva Arrieta, la normativa entrega "el control de la creación cinematográfica a sectores autoritarios y conservadores”, “restringe la libertad de expresión y de creación artística”, y “discrimina a los cineastas, en especial a los provenientes de las regiones, al exigirles financiar el 50% del presupuesto de sus películas”.
Actualmente, el proyecto está en manos del Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, quien deberá promulgar la ley u observarla.
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