El Congreso de los Diputados de España votaría hoy la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. La trasposición de una directiva europea, que se aprobaría con un año y medio de retraso, cuenta con un enérgico rechazo de las productoras independientes, que consideran que los deja en una posición de desventaja frente a las grandes productoras.
“Esta ley nos hace menos competitivos y nos deja tocados de muerte”, aseguró el productor Jordi Oliva, que ayer compareció junto a sus compañeros del sector José Nevado y María en nombre de todas las asociaciones de productoras de cine y audiovisual: Aecine, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y Profilm, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), para pedir al gobierno español deponga su aprobación.
Una de las novedades que introduce la ley, si finalmente se vota, es que obliga a las grandes compañías de streaming como Netflix o Disney+ a destinar el 5% de sus ingresos generados en España a financiar obras audiovisuales europeas y, de ese porcentaje, un 70% debe invertirse en producciones independientes nacionales en español. El estallido de la polémica la origina la definición de "productor independiente", contemplada de manera inesperada en la enmienda del artículo 110.1 del borrador, que dice: "Se considera productor independiente […] a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable […] con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio".
Al final de esta definición, los legisladores han sustituido "un prestador del servicio" por "dicho prestador". Esto significa, según los productores, que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan ser consideradas independientes cuando produzcan para otros canales de televisión y, por tanto, formar parte del reparto de los mencionados ingresos. Los productores denuncian que la trasposición de la directiva europea, en vez de proteger a las empresas independientes, las perjudica. Los portavoces reconocieron ayer que ante las demandas no han obtenido respuesta del ministro de Cultura y que están dispuestos a acudir a la UE para que se garantice el espíritu de la ley. "No queremos tener mejores condiciones que el resto, queremos tener las mismas condiciones que el resto", enfatizaron.
LA POSICIÓN OFICIAL DESDE CANNES
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, está en el Festival de Cine de Cannes y su presencia coincide con dos eventos. Por un lado, el día grande del cine español, con las premiere de "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, y de "Pacification", de Albert Serra. Por otro lado, en Madrid se vota en el Congreso la nueva Ley Audiovisual, que ha provocado las protestas de los productores españoles, de la Academia de Cine y de CIMA, la asociación de mujeres cineastas. "Es un día movido, porque mucha gente está pendiente de la votación que va a haber esta tarde sobre la Ley Audiovisual, pero yo me había comprometido a estar en Cannes apoyando al cine español", explicó en la Croiseette. "No retrocedemos en nada, quizá haya quien diga que no avanzamos lo suficiente. Yo siempre digo que cuando un sector reclama algo, de entrada tiene razón. Otra cosa es que podamos satisfacerlo. El cine español está implacable. Ha demostrado que con menos recursos que otros cines, nuestra creatividad se acaba imponiendo", sentenció.
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