América Latina: piratería audiovisual impide recaudar USD 1.800 millones al año

El robo de los contenidos audiovisuales a las empresas a través de acciones criminales como la piratería le está impidiendo a los gobiernos de América Latina la posibilidad de recaudar al menos 1.800 millones de dólares extra al año (contemplando únicamente el Impuesto al Valor Agregado) e imposibilita la creación de unos 68.000 nuevos empleos calificados en la industria. Estas cifras impactantes se desprenden del "Summit de Propiedad Intelectual" organizado por la entidad internacional Latin America Anti-Piracy and Intellectual Property (LAAPIP) en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de LaLiga de España, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual; Vrio Corp (Directv, Sky Brasil y DGO) y Videocites.

“El 58% de la población conectada a internet consume contenidos pirateados y la mitad no sabe de su proveniencia ilegal. Existe un impacto monstruoso de la piratería en la industria audiovisual. Y los Estados de la región están perdiendo de recaudar 1.800 millones de dólares anuales extra en IVA mientras se impide la creación de 68.000 nuevos empleos directos”, dijo Jorge Bacaloni, Presidente de Alianza y Gerente Regional Antipiratería de Vrio Corp.

Francisco Escutia, CEO de LAAPIP y moderador del evento, comentó que se decidió hacer la trigésima edición del Summit en la Argentina porque “es uno de los países más importantes desde hace muchos años” en materia de industria audiovisual. Alejandra Lepera, Presidenta de MT Group, precisó que la penetración de la TV paga en Argentina es de las más altas de la región, con 78% de los hogares y más de 10 millones de abonados.

Bacaloni, a su vez, explicó cómo las compañías vienen trabajando en la región a través de Alianza en articulación con el sector público (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para ir mejorando la lucha antipiratería a través de bloqueos dinámicos, una herramienta que permite la protección de la propiedad intelectual pero que genera enormes desafíos por la velocidad, masividad y escala en la que operan las redes de robo de contenidos. “Hay estructuras mafiosas detrás de la piratería audiovisual, que facturan millones de dólares por mes y financian la pornografía infantil, el juego clandestino y el terrorismo internacional. El daño a la economía es irreparable. Es importante la interacción público-privada, pero antes todas las compañías deben cooperar dentro de la industria para buscar soluciones”, expresó.

Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), creada por el estado argentino en diciembre de 2022, tuvo una participación protagónica y destacó la necesidad que tiene la Justicia de trabajar de la mano del sector privado y de los titulares de derechos, destacando la capacidad y calidad investigativa de primera línea de estos, por contar con recursos tecnológicos avanzados para la tarea. Sostuvo que los reportes generados por Alianza pueden resolver hasta el 80% de una investigación con suma celeridad, quedando el 20% restante en manos de la fiscalía especializada para accionar rápidamente. Asimismo, destacó “la necesidad de realizar acciones rápidas, concretas y contundentes que conlleven a la realización de allanamientos y el encarcelamiento de responsables”.

También expusieron en el evento casos exitosos de lucha contra la piratería audiovisual Alejandro Liberman, Director de Asset Protection de Vrio Corp. y Adrián Luengo, Gerente de Seguridad Corporativa, Control de Fraude e Investigaciones de Directv Región Sur: desarrollaron las causas de la piratería y dimensionaron la problemática de robo y reventa de cuentas a usuarios de plataformas que brindan acceso a contenido audiovisual.  

Asimismo, hubo representantes de otras compañías que trabajan articuladamente en América Latina para defender la propiedad intelectual, como Víctor Roldan, jefe legal de 1190 Sports, quien opinó que es fundamental que las empresas unan fuerzas para generar mecanismos eficaces de lucha contra este delito, en articulación con el sector público.

“Las empresas privadas podemos proveer tecnología, información, reportes y evidencia para mejorar los procesos de prevención y bloqueo de sitios de piratería. Pero necesitamos que los procesos judiciales sean más dinámicos porque tener eficacia en la tarea conlleva tener en cuenta el factor tiempo. Para bloquear una retransmisión de un contenido en vivo hay que actuar en el acto”, añadió Bacaloni.

La jornada culminó con un panel legal integrado por Roxana Kahale (Kahale Abogados), Lucas Matías Lehtinen (Universidad Austral, Argentina) y Alesandro Gonçalves Barreto (Policía Civil de Brasil).