Argentina: UltraFibra denuncia la clausura arbitraria de su sucursal en Capitán Bermúdez

La sucursal de UltraFibra en la ciudad de Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, Argentina, fue clausurada por orden del Ejecutivo local, en un hecho que desde la empresa es considerado de extrema gravedad institucional. Sostiene que "la medida fue ejecutada de manera discrecional y lesiva, violando el marco legal vigente", incluida la Ley Nacional de Telecomunicaciones (Ley 27.078) y la Ley Bases (Ley 27.742).

El motivo alegado por las autoridades municipales para justificar esta clausura es la falta de pago de la llamada Tasa de Ocupación del Espacio Público, que exige a las empresas un monto del 7% de su facturación bruta en la ciudad, y a la que empresa declara como "inconstitucional, por pretender gravar una actividad que corresponde a jurisdicción federal". Al respecto, UltraFibra aseguró que "cumple, de forma cabal, con todas sus obligaciones legales, impositivas y regulatorias ante todos los organismos competentes, tanto a nivel nacional como provincial".

"Desde UltraFibra, expresamos nuestro profundo repudio ante esta medida unilateral e injustificada, y exigimos la inmediata reapertura de nuestra sucursal, al tiempo que nos reservamos el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondientes para defender tanto nuestra actividad como los derechos de nuestros usuarios", expresó la empresa a través de un comunicado en el que llamó a la reflexión a las autoridades locales, solicitándoles "que prime el respeto por el orden institucional y legal". 

Vale destacar que UltraFibra compite en el mercado local con una empresa que pertenecería a un familiar del actual Intendente, Daniel Cinalli, y es la única firma clausurada por negarse al pago de esta tasa a la que considera "ilegítima". Para la empresa, esta situación configura "una clara desigualdad de condiciones y evidencia un uso abusivo del poder local en desmedro de una compañía que cumple con sus obligaciones legales y fiscales".

Finalmente, la empresa advirtió que "la medida no solo afecta la prestación del servicio de conectividad a cientos de familias y comercios de Capitán Bermúdez, sino que también constituye una violación flagrante al derecho de acceso a la información y a las comunicaciones".