A partir de cinco resoluciones, las empresas Korfield, Montecable, Praimar, Nuevo Siglo y TCC recibieron una Licencia de Telecomunicaciones Clase B para brindar servicios de transmisión de datos. La decisión promueve la competencia en la prestación, lo cual es esencial para el desarrollo del país, dijo la titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía.
Se trata de las cinco empresas que interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la ley de medios, que prohíbe a los operadores de televisión a dar servicios de telefonía o transmisión de datos. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de ellas, pero el artículo siguió vigente por falta de apoyo político para su eliminación. Hasta ahora, la estatal Antel tenía el monopolio de los servicios de banda ancha fija en el país.
En diálogo con Comunicación Presidencial, Mercedes Aramendía relató que estas concesiones fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que cinco cableoperadores presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el artículo n.° 56 de la ley n.° 19.307, del 29 de diciembre de 2014. Dicha normativa prohíbe prestar servicios de telecomunicación de telefonía o transmisión de datos a aquellas personas físicas o jurídicas que ofrecen los de comunicación audiovisual.
Debido a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó el reclamo, las empresas, a partir de ahora, podrán ofrecer esas prestaciones y proporcionarles a sus usuarios mayores opciones y más libertad para elegir. Aramendía agregó que se analiza en el Parlamento y en la Rendición de Cuentas la posibilidad de derogar de forma específica esta prohibición. La actual administración, favorable a las empresas, ha intentado modificar la ley para derogar el artículo y permitir que Antel arriende su red de fibra óptica, con cobertura en gran parte de los hogares del país, a terceros. Sin embargo, múltiples intentos han fracasado en el Congreso.
La medida de URSEC de conceder autorizaciones podría ser el modo de forzar la eliminación del artículo como parte del proyecto nacional de rendición de cuentas que analizará el Congreso a fines de junio, señaló a BNamericas un experto local que solicitó permanecer en el anonimato. La decisión de autorizar solo a las empresas que han emprendido acciones legales creará una asimetría en el mercado que podría presionar a los legisladores para igualar las condiciones, advirtió el experto.
De acuerdo con el último informe del regulador, en Uruguay había 1,08 millones de líneas fijas de banda ancha residencial a diciembre de 2021. En tanto, hay 606.909 accesos de televisión de pago. El operador satelital DirecTV lideraba con el 30% del mercado. De los operadores autorizados, TCC tiene el 7% del mercado, seguido de Nuevo Siglo y Montecable, con el 6% cada uno.
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