Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), entidad que representa a 675 productoras audiovisuales brasileñas en 21 unidades de la Federación, expresó mediante una carta abierta su apoyo incondicional a la democracia y al programa de cultura de la Constitución Federal. El texto repudia con vehemencia cualquier forma de censura y cualquier medida que apunte a destruir todo el esfuerzo por construir un marco de normas y políticas destinadas al desarrollo del sector audiovisual brasileño.
"No hay pleno ejercicio de los derechos culturales sin fomento a la producción, difusión y acceso al audiovisual, respetando toda la diversidad e identidad de nuestras regiones y grupos sociales. No tiene sentido que Brasil sea el segundo mayor mercado consumidor de streaming, pero que sus productores de contenido sean solo proveedores de servicios, sin ningún derecho de propiedad intelectual sobre sus creaciones", expresa el comunicado.
Tras hacer un reconto de las relaciones entre el Estado y la cultura brasileña desde la Constitución de 1988, así como el desarrollo del sector audiovisual en el país -incluyendo a las leyes de incentivo, Ancine, las cotas de pantalla, la ley de SeAC (acceso condicionado) y el Fondo Sectorial del Audiovisual, entre tantas otras iniciativas-, la entidad afirmó que los últimos años estuvieron marcados por el desmantelamiento de la política construida en los 30 años anteriores. "Las cuotas de pantalla no se instituyeron en este período con la debida atención, lo que permitió que el cine extranjero ocupara las salas de manera hegemónica. Los incentivos fiscales no se renovaron a tiempo. El dinero previsto para el Fondo del Sector Audiovisual es constantemente controlado, a pesar de que sus recursos provienen de una contribución tributaria pagada por el propio sector".
Además, expresó su preocupación ante supuestas persecuciones ideológicas en Ancine, así como a las productoras por el contenido de sus proyectos. "El proyecto de regulación del streaming no avanza. El Plan Nacional de Cultura no se renueva. Y, más recientemente, se proyecta la extinción de Condecine por no haber sido prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2023, acabando con una importante fuente de financiamiento de la actividad", sostiene el documento.
"No hay cumplimiento de la Constitución sin el mantenimiento de las leyes de incentivos, reservas de pantallas y espacios de programación, instrumentos normativos, fuentes de financiación, así como todas las demás políticas culturales que fueron diseñadas para promover el desarrollo del audiovisual brasileño", sentencia BRAVI.
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