Tras el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) por decisión presidencial, el sector audiovisual le exigió el Gobierno información sobre el destino del patrimonio que permanecía almacenado en depósitos del organismo.
En este contexto, a través de un comunicado difundido este sábado por la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC) reclamó información por el patrimonio audiovisual exigiendo información precisas acerca de los títulos, su estado y los métodos de conservación. Dicha solicitud fue también firmada por otros organismos como la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima); el Proyecto Cine Independiente (PCI); la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores); la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), entre otros.
En simultáneo la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales (APROCINEMA) presentó una acción de amparo contra el cierre del INCAA. El mismo quedó registrado con el número 6576/2024 y recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán. Además, incluye el pedido de una medida cautelar que suspenda los efectos del acto impugnado, lo que significaría en los hechos la reapertura del Incaa.
A través de un documento de 70 páginas, que fue firmado por la presidenta de la organización, María Cristina Agüero, manifestaron que "la resolución detiene la producción de cine nacional y los proyectos que no pueden acceder a los beneficios de la ley porque no se pueden presentar a solicitarlos ni tampoco los que están en curso", explicaron.
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