El cine argentino pareciera estar atravesando su periodo noir. Representantes de la comunidad audiovisual reunidos en la la Mesa Documental, conformada por ADN, DOCA, Colectivo de Cineastas, DocuDAC, RDI, DIC y RAD rechazaron la reglamentación de la Ley de Cine a través del decreto 662/24. Entre otras cuestiones, establece la eliminación de la cuota de pantalla y amplios recortes presupuestrarios.
Por otra parte, implica la restructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por la cual se reducirá la plantilla de empleados, la entrega de subsidios y el espacio para producciones nacionales en las salas. Los nuevos parámetros para recibir asistencia estatal dependerán de los proyectos presentados bajo un plan completo de producción y financiamiento acreditado, donde el subsidio no podrá superar el 20% de los fondos y no podrá significar más del 50% de los costos totales.
¿Cuánto dinero ahorra el Estado? El Ejecutivo informó que esta situación llevó a recurrir a aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por 1.900 millones de pesos (unos 2,03 millones dólares a cambio oficial actual) para afrontar gastos operativos.
Además, el mercado Ventana Sur, una plataforma crucial para la producción y distribución en América Latina, ha sido desmantelado, y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, previsto para ser financiado con fondos privados, es visto como un sustituto insuficiente. Según el Ejecutivo, entre ambas instancias se generío un déficit de 2.600 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares). Todo esto ha sido realizado en contravención de las resoluciones votadas por la Asamblea Federal, el órgano de co-gobierno del INCAA, que se ha manifestado en contra de estas medidas.
FInalmente, la comunidad audiovisual denuncia que los argumentos de necesidad de orden, saneamiento y déficit cero utilizados por el gobierno ocultan sus verdaderos objetivos: aniquilar el pensamiento crítico, la construcción de una identidad nacional diversa, el registro de los acontecimientos contemporáneos, y borrar la memoria histórica del país. Estas acciones, sostienen, representan un ataque sistemático contra las expresiones culturales nacionales y un intento de censura.
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