La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España impuso a Telefónica una multa de 20 millones de euros por no cumplir con los compromisos que había asumido tras la compra de DTS, empresa propietaria de Canal+. Para que se aprobara la adquisición, la compañía se había comprometido a no establecer condiciones que limitaran la libertad de los usuarios de televisión de pago.
No obstante, entre agosto de 2021 y abril de 2023, Telefónica ofreció sus paquetes Movistar Fusión y MiMovistar incluyendo televisión de pago y dispositivos en alquiler, pero también exigió permanencias y aplicó penalizaciones a quienes cancelaban antes del plazo, lo que, según la CNMC, iba en contra de lo pactado. La autoridad explicó en su resolución que estas prácticas restringían la posibilidad de los clientes de cambiar de proveedor, incumpliendo de forma clara los compromisos aceptados durante la operación de concentración.
No es la primera vez que la compañía es sancionada por este tipo de conductas. En 2023, ya había recibido una multa de seis millones por ofrecer su paquete Movistar Fusión con la obligación de alquilar un teléfono móvil. En esta ocasión, la CNMC comprobó que Telefónica amplió esa estrategia a otros dispositivos electrónicos y reforzó aún más las cláusulas de permanencia.
El organismo consideró esta conducta como una infracción muy grave de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, y aplicó un agravante por reincidencia, ya que Telefónica había sido sancionada en otras ocasiones por situaciones similares. De todas formas, la empresa podrá recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses desde su notificación.
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