El gobierno español está estudiando imponer condiciones a Saudi Telecom (STC), compañía controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, que recientemente ha adquirido un 9,9% del capital de Telefónica, convirtiéndose en el principal accionista de la del grupo.
De acuerdo con lo informado por la agencia Bloomberg, las limitaciones que el estado espeñol pretende imponer a STC estarían en línea con las impuestas en 2021 al fondo australiano IFM Global Infrastructure en la compra del 23% de Naturgy: la venta de activos críticos y el pago de dividendos.
Vale destacar que esas condiciones incluyen el respaldo a ciertas políticas corporativas, como la inversión en proyectos importantes para el país; el mantenimiento de la sede en España; una política prudente de pago de dividendos y un ratio de apalancamiento con grado de inversión. En la actualidad, Telefónica paga un dividendo anual de 0,30 euros por acción en efectivo, que suponen un desembolso superior a 1.700 millones de euros.
España tiene dos normativas principales que se aplican a las adquisiciones extranjeras de empresas nacionales: la primera exige la aprobación del gobierno para cualquier adquisición de una participación igual o superior al 10% en empresas consideradas estratégicamente importantes, incluidas las empresas industriales y de medios de comunicación; en tanto que, la segunda faculta al gobierno a bloquear las compras de participaciones iguales o superiores al 5% en empresas que sean estratégicas en términos de defensa y seguridad nacional, lo que se aplica a Telefónica.
En este contexto, la compañía estatal saudí aún tiene que presentar una solicitud formal al gobierno español para que apruebe la adquisición de las acciones.
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