La Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) emitió un comunicado donde expresa que la enmienda realizada en la Medida Provisional 1018, sancionada la semana pasada por el presidente Jair Bolsonaro, representa "un golpe más para el sector de la televisión paga brasileña, que atraviesa una grave crisis".
El alerta hace referencia al artículo 11 de la MP 1018, que modificó parte de la Ley 12485/2011, más conocida como Ley SeAC (Servicio de Acceso Condicional), que regula el sector de la TV paga en Brasil. Para la entidad, la decisión de Bolsonaro de mantener el artículo 11 "solo sirve a los intereses de un grupo de generadores y retransmisores de TV, perjudicando a los operadores y suscriptores al servicio".
"Obligar a la carga gratuita de decenas de nuevos canales en TV paga es un paso atrás y una carga adicional para los operadores, en un momento en el que el sector ya atraviesa una grave crisis, perdiendo 5 millones de abonados en seis años, debido a sucesivas crisis económicas en el país", sostuvo la entidad.
Vale señalar que el cobro obligatorio de canales es fruto de una época con cobertura limitada en la difusión de señales analógicas abiertas y de escasez de redes de distribución, cuando aun no existían redes en competencia ni internet y los canales obligatorios no tenían alternativa de distribución. En los inicios de la televisión paga, ésta era prácticamente una antena electrónica para la radiodifusión, especialmente en las regiones más alejadas de las grandes ciudades. Hoy en día, la radiodifusión digital es universal y permite la recepción de señales de buena calidad en todo el país.
Con la digitalización de la televisión abierta, la distribución de estas señales en televisión paga también comenzó a contratarse libremente entre emisoras y operadores. Además, todos los canales abiertos, o al menos los canales de cabecera, se distribuyen a través de Internet. Lo mismo ocurre con todos los canales de distribución obligatorios. Es decir, todos estos canales son transportados por la misma red de TV paga, sin remuneración alguna para los operadores y lo más grave: ocupando una gran capacidad de ancho de banda de internet, que podría estar siendo utilizada por millones de suscriptores.
"Otro agravante del artículo 11 de la MP 1018 es la injerencia en los modelos de negocio y contratos vigentes, en los que el canal remunera un cargo que pasa a ser gratuito. Es decir, el artículo 11 de la MP 1019 seguramente generará un pasivo para la Unión, que deberá indemnizar esta expropiación de ingresos a los operadores", expresa ABTA, para quien si esta injerencia indebida en el sector no fuera suficiente, "el artículo 11 de la MP 1018 sigue siendo inconstitucional, ya que el artículo 21, XI, de la Constitución Federal, prohíbe el uso de la medida provisional para regular la prestación de servicios de telecomunicaciones."
Finalmente, el artículo 11 de la MP 1018 también contradice los propios esfuerzos del gobierno para revisar el marco legal de la TV paga en Brasil. "Este es el objetivo del Grupo de Trabajo, creado en noviembre del año pasado, en el Ministerio de Comunicaciones, que debe sugerir al Congreso Nacional una mejora al marco legal actual, debido a los enormes cambios que está experimentando el sector en Brasil y en el mundo. Para hacerlo, el grupo está recopilando información de todos los involucrados en este mercado. La expectativa general es que el Grupo de Trabajo conduzca a una reducción de obligaciones en el sector, corrigiendo asimetrías tributarias y regulatorias en relación a las nuevas formas de entrega de video, que hoy hacen inviable el negocio de TV Paga. En este contexto, la creación de nuevas obligaciones, por MP 1018, es un retroceso que agrava aún más la crisis en esta industria y necesita ser corregido", concluyó el comunicado.
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