La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizó la normativa (PRD) que creará un entorno regulatorio para ensayar proyectos de inteligencia artificial en España, antes de que se aprueben las normas europeas sobre esa materia. Los entornos o bancos de pruebas regulatorios facilitan que los poderes públicos reevalúen de forma permanente la regulación actual, además de analizar y anticipar los problemas que pueden presentarse antes de intervenir en un mercado.
La CNMC valoró como positivas las iniciativas de las normas europeas. Por un lado, facilitan experiencias innovadoras a los operadores económicos, que benefician a los consumidores. Por otro lado, permiten evaluar con precisión si el marco regulatorio se adecúa a los principios de buena regulación. Sin embargo, desde la óptica de competencia, hay ciertas cuestiones que deben tenerse en cuenta: que no se produzcan ventajas competitivas injustificadas a favor de los participantes; que el acceso se produzca en condiciones objetivas y no discriminatorias; o que, sin perjuicio de que coexistan intereses privados, permanezcan inalterables y preferentes los objetivos de interés público.
Este entorno de pruebas finaliza con la entrada en vigor de la normativa europea que ahora mismo se está tramitando. Aun así, la CNMC recomienda que se busquen mecanismos para que siga vigente, siempre que encaje dentro de la regulación aprobada en la Unión Europea. Además aconsejó una mayor precisión en las definiciones, así como en los tipos de proyectos que incluye la normativa. Así como también evitar flujos injustificados de información, pues estos entornos controlados de prueba no eximen ni derogan las normativas nacional y europea de defensa de la competencia, a las cuales están sujetos todos los operadores participantes.
La CNMC solicitó que se replanteen los siguientes requisitos de elegibilidad, salvo que estén justificados: exigencias de residencia, ser persona jurídica, realizar una sola participación en proyectos de inteligencia artificial y no perseguir fines científicos. También, aconsejó ofrecer unos criterios de selección más concretos, para fortalecer la seguridad jurídica y evitar posibles diferencias de trato entre operadores. Invitó, salvo justificación, que se preserve la neutralidad competitiva y no ofrecer preferencias en función de la naturaleza de los operadores.
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